En la incesante búsqueda de diferenciarse, de crear atracciones más allá de las naturales, de las culinarias, de las culturales en todo su sentido, muchos municipios inventan o copian actividades que llevan años, décadas o más en otras latitudes, como por ejemplo una particular carrera en la que se persigue un queso colina abajo, o teñir un río de verde o un chapuzón en el estrecho de Magallanes, eso sin contar los incontables récords “más grande del mundo”, aquí se anotan cosas como el fatídico, para Talca, un trabajo de pregrado, completo más grande del mundo, el curanto más grande del mundo, y lo que les ocurra donde se pueda exagerar algo con el fin de generar interés y atractivo para que las personas se relajen y de paso activar un poco la economía.
Hace un par de meses planteaba en este espacio que el gran problema de la institucionalidad ambiental en Chile es estructural: las decisiones de largo plazo ecológico terminan subordinadas a la contingencia y a las urgencias de las administraciones de turno. Hoy, un fuerte rumor nos obliga a volver sobre esa misma contradicción. Se habla de que el polémico proyecto Minera Dominga podría ser aprobado "por secretaría" mediante un eventual "telefonazo" de José Antonio Kast.
Existen herramientas e instrumentos que permiten que la actividad económica coexista en relativa armonía con el entorno, protegiendo el medio ambiente que la rodea y que, en no pocos casos, la sustenta. Uno de estos instrumentos es el plan de manejo, "el cual planifica el uso, la conservación y la gestión sostenible de un recurso natural o de un área específica con el fin de proteger el medio ambiente y evitar el deterioro de los suelos y las aguas".
Es sabido que el actual gobierno está empeñado en reducir el gasto público. Sin embargo, esta austeridad parece no aplicarse a las acciones que sus propias autoridades ejecutan de manera directa: el reciente viaje a República Dominicana del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, habría costado, según cifras publicadas en la prensa, entre 30 y 90 millones de pesos, al utilizar para él solo un avión de la FACh. Mis propios cálculos arrojan una cifra que incluso podría superar los 100 millones. Si hubiera viajado en una aerolínea comercial, el traslado habría costado menos de un millón de pesos, según los valores publicados. Más allá de este caso puntual (donde basta escarbar un poco para darse cuenta de que no es un hecho aislado), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está obstinado en reactivar la economía mediante el recorte de fondos estatales. Lo que se observa en la práctica se asemeja bastante al inicio de un desmantelamiento del Estado, afirmación que no es solo personal.
