La tala autorizada de Araucarias: cuando el Estado también daña lo que dice proteger

Cada cierto tiempo aparece la noticia de que inescrupulosos talan algunos, decenas o incluso cientos de ejemplares de árboles nativos para habilitar terrenos con distintos fines. A veces, las especies afectadas forman parte de la llamada estepa con Acacia caven (hoy Vachellia caven), del bosque esclerófilo, o de otras formaciones vegetales, dependiendo de la ubicación geográfica. Se suele culpar a las empresas forestales —grandes, medianas o pequeñas— por estas prácticas, pero también creo que los agentes inmobiliarios e incluso el sector agrícola tienen su cuota de responsabilidad.

Se pudiera pensar que, siendo dueño de un terreno, uno puede hacer casi cualquier cosa con él, incluyendo con lo que crece en él. Pero la verdad es que no: si hay especies nativas —sin importar su estado de conservación—, cualquier intervención debe contar con la autorización de la CONAF. Bueno, en rigor, del SERNAFOR, aunque nunca he visto a nadie usar ese nombre. ¿Es injusto? Puede ser. Pero es justicia ambiental, y de la necesaria.

La Araucaria araucana, capaz de vivir hasta 1.800 años y alcanzar casi 50 metros de altura, es una especie de crecimiento extremadamente lento. Esta característica hace que la pérdida de ejemplares maduros sea, en la práctica, irremplazable a corto y mediano plazo. Su condición de "especie primitiva" también la hace poco competitiva frente a la flora moderna y especialmente vulnerable en terrenos degradados. Por ello, su reforestación no sólo es compleja, sino que su éxito dista de estar garantizado.

En este contexto, los proyectos de infraestructura que afectan el hábitat de especies vulnerables deberían ser abordados con máxima precaución. Si bien las concesiones ambientales pueden incluir medidas como trazados alternativos o la implementación de “amortiguadores de impacto” —que son zonas o elementos diseñados para reducir el daño ambiental, como franjas de vegetación que actúan como barreras naturales, o modificaciones en el diseño para proteger áreas sensibles—, cuando se trata de patrimonio natural irremplazable estas medidas resultan insuficientes. Esto se debe a que, aunque ayudan a mitigar impactos menores, no pueden compensar la pérdida directa o el estrés ambiental que sufren especies de crecimiento lento y hábitats muy específicos, como la Araucaria araucana.

El 18 de julio de 2025, mediante las resoluciones 594/2025 y 595/2025, CONAF aprobó una excepción al artículo 19 de la Ley 20.283 sobre Bosque Nativo, que regula la conservación y uso sustentable de especies nativas. La excepción fue solicitada para permitir la ejecución del proyecto vial entre Liucura, Icalma y Melipeuco, donde se proyecta que hasta 96 araucarias podrían verse afectadas. Es importante subrayar que esta resolución no autoriza aún la tala directa de esos ejemplares: cualquier intervención deberá contar con un plan de manejo forestal aprobado, donde se definan técnicamente los árboles involucrados, el método, y las medidas compensatorias. Aun así, diversas voces críticas advierten que habilitar legalmente la posibilidad de cortar ejemplares milenarios, en lugar de rediseñar el trazado para evitar su afectación, ya representa un retroceso en términos de conservación.

La ciencia lo sabe. El propio “Proyecto Araucaria” de CONAF y las investigaciones en curso sobre restauración ecológica —incluyendo la simbiosis con hongos micorrízicos para regenerar suelos— dan cuenta de una comprensión profunda sobre la fragilidad de esta especie. Paradójicamente, la misma CONAF que promueve su estudio y conservación ha dado pie, con esta resolución, a una eventual pérdida que muchos consideran inadmisible.

El diseño inicial del Ministerio de Obras Públicas para esta ruta supuestamente contemplaba soluciones especiales que respetarían la ubicación de las araucarias. Sin embargo, la pregunta que surge desde los sectores críticos es clara: ¿cuál es exactamente la mitigación que se propone? Las medidas presentadas parecen vagas, insuficientes o, al menos, controvertidas.

Expertos han sido tajantes: el éxito de una reforestación de araucarias no está garantizado. Y más importante aún, ningún ejemplar joven puede compensar la pérdida ecológica, genética y cultural de un árbol milenario. Cada individuo de esa magnitud es un reservorio de historia viva, adaptaciones evolutivas, relaciones ecológicas complejas y significado cultural para las comunidades que lo han acompañado por siglos.

Hablar de “mitigación” en este caso puede ser, en el mejor de los casos, un ejercicio administrativo que habilita la destrucción con justificaciones técnicas. Pero desde un enfoque de conservación profunda, se trata de una pérdida neta e irreversible. Lo que subyace es una desconexión crítica entre el conocimiento científico disponible y las decisiones políticas que definen qué se autoriza y qué se sacrifica. Cuando la ciencia queda subordinada al desarrollo a toda costa, el costo no sólo lo paga la naturaleza, sino también el país, que pierde parte de su patrimonio biológico y cultural.

Es innegable que las obras públicas, como la mejora de rutas y conectividad, generan empleo y contribuyen al desarrollo social y económico. En un país como Chile, donde el empleo no sobra y muchas comunidades dependen de estas oportunidades, estas inversiones son necesarias. Sin embargo, surge la pregunta: ¿a qué costo ambiental y cultural estamos dispuestos a llegar? El desafío está en encontrar un equilibrio que permita el progreso sin sacrificar irreversiblemente nuestro patrimonio natural y biológico, especialmente cuando se trata de especies únicas y milenarias como la Araucaria araucana.

Este dilema no es nuevo ni exclusivo de la infraestructura vial. Un caso paradigmático es la industria salmonera, que ha sido motor económico y fuente de empleo, pero también generó graves impactos ambientales y sociales, afectando ecosistemas y comunidades locales. De manera similar, las obras públicas deben evaluarse no sólo por su aporte al desarrollo, sino por su huella ambiental y cultural, buscando caminos sostenibles que reduzcan la tensión entre progreso y conservación.