La ley cholito y el presidente que la odió dos veces

Era el año 2017 cuando se votaba el proyecto de ley denominado coloquialmente como "ley cholito", proyecto que fue aprobado con 100 votos a favor, 2 abstenciones y solo un voto en contra del diputado José Antonio Kast. En ese entonces argumentó que la ley era "impracticable y deficiente", mencionando que se necesitaban regulaciones que también protegieran a otros animales, como ovejas o pudúes, de perros asilvestrados.

El problema es que la ley cholito no buscaba hacerse cargo de la protección de animales silvestres ni de granja, sino de los animales de compañía, muchos de los cuales sufren por la irresponsabilidad de sus tenedores. Dueños, amos, o como quieran llamarle a las personas que compartimos nuestras vidas con uno o más de ellos. El resto de la fauna, silvestre y de granja, tiene otros niveles de protección. Suena irónico, pero la misma Ley de Caza (N° 19.473) protege una parte importante de la fauna al regular, proteger y fomentar la conservación de la fauna silvestre, prohibiendo la caza de especies amenazadas y estableciendo temporadas, zonas y cuotas específicas para las permitidas. De hecho, muchas especies, incluido el pudú, tienen estatus y medidas especiales porque su situación de conservación así lo amerita.

El hoy primer mandatario retiró hace un tiempo los reglamentos que mejorarían la ley cholito —la misma que hace casi una década votó en contra—, y no cualquier reglamento, sino uno que, entre otras cosas, contemplaba la implementación del microchip en perros y gatos, la prohibición de los collares de estrangulamiento —usados para adiestramiento— y las mutilaciones estéticas, ambas prácticas sin sentido alguno, dignas de bárbaros o de seres carentes de toda humanidad.

Todo lo anterior, sumado al abierto apoyo del jefe de Estado al rodeo —espectáculo en el que un animal es perseguido y derribado por su cuello hasta quedar tendido en el suelo— dibuja un patrón claro: no estamos ante descuidos ni omisiones, sino ante una postura. Una en la que el bienestar animal simplemente no figura. Y eso, para quienes compartimos la vida con animales, o para quienes simplemente creemos que la crueldad no merece aplausos ni escudarse en la tradición, no es un detalle menor. Es exactamente el tipo de odio a los animales del que hablaba al principio: el que se ejerce desde el poder, con firma y con cargo.

¿Hay algo malo en que una autoridad de gobierno retire reglamentos, revise leyes, impulse la agenda para la cual fue electo? La verdad, nada. El problema es la cantidad de estos que están siendo sometidos a revisión, como si nada de lo construido antes de quienes gobiernan hoy tuviera valor, olvidando que lo que hoy se edifica se hace sobre los hombros de hombres y mujeres que estuvieron antes. El problema es también qué tipo de reglamento se retira y cuáles son las consecuencias de retrasar su implementación. ¿Cuántos animales de compañía quedan desprotegidos, expuestos al maltrato físico, al abandono o a modas que en nada los benefician?

Hoy la polémica por el retiro de estos y otros reglamentos —entre ellos la ley de adopciones— nos desvía de urgencias reales en materia de protección animal: ¿qué hacer con los perros callejeros que periódicamente atacan a personas? ¿Cuándo se hará cargo el Estado de los perros y gatos asilvestrados, esos sobre los que Kast diputado sí quería actuar, y que ahora, ocupando la primera magistratura del país, parecen haber caído en el olvido? ¿Olvido conveniente, despreocupación o simple desprecio por la vida animal? Si las señales siguen siendo las actuales, el futuro de la protección animal y los ecosistemas es sombrío.