El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado por la Ley 21.600 para concentrar en una sola institución la gestión de parques nacionales, reservas y monumentos naturales —hoy dispersos entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Ministerio de Bienes Nacionales y Subpesca, entre otros—, debía recibir el traspaso definitivo de personal e infraestructura el 1 de agosto de 2026. El decreto supremo que lo ordenaba se había firmado en marzo del mismo año. Sin embargo, el gobierno frenó en seco el proceso aludiendo a deficiencias detectadas en la planificación heredada. El director del SBAP, Tomás Saratscheff, las describió como "procedimientos incompletos, brechas en los equipos regionales y deficiencias graves en materia de formulación presupuestaria y de diseño institucional". No se trata, según lo informado, de un hallazgo de irregularidades o corrupción, sino de un diagnóstico de implementación insuficiente. Con todo, cabe hacerse una pregunta oportuna: el SBAP inició operaciones oficialmente en febrero de 2026, ya bajo la actual administración, por lo que parte de esas brechas también se acumularon durante su propia gestión inicial y no corresponden únicamente a la herencia recibida. Para determinar eventuales responsabilidades, se instruyó un sumario administrativo que ya fue informado a la Contraloría.
Postergar el traspaso para marzo de 2027 no es un detalle menor para quien conoce el ciclo forestal chileno. La temporada operativa de incendios va de septiembre a mayo, con su peak de riesgo destructivo entre noviembre y marzo según la zona del país. Mover la fecha significa cambiar de caballo en la mitad del río: el sistema de áreas protegidas llegará a la cola de la temporada crítica en plena transición institucional, en lugar de haber iniciado el período de mayor exposición con el nuevo servicio ya consolidado. La exministra Maisa Rojas calificó la medida como una pésima señal que "rompe el proceso de implementación de esta política de Estado y es una mala noticia para el cuidado de la naturaleza, los compromisos adquiridos con los guardaparques y las personas que viven en Chile".
Lamentablemente, en esta materia llueve sobre mojado. Al día siguiente de asumir, la actual administración retiró de la Contraloría General de la República 43 decretos del gobierno anterior —entre ellos 12 reglamentos clave para la implementación del propio SBAP, tres nuevas áreas protegidas y seis salares protegidos—. Según el informe de la Fundación Chile Sustentable sobre los primeros 100 días de mandato, solo seis de esos 43 decretos habían sido reingresados a la fecha del análisis. El retiro de decretos no es un simple papeleo: en la práctica, congela y desestima años de procesos participativos, como las 7.767 observaciones ciudadanas registradas tan solo en el caso del Monumento Natural Pingüino de Humboldt. Para los guardaparques de CONAF, mientras tanto, esta postergación prolonga un escenario complejo: significa seguir lidiando con la falta de certezas laborales y el financiamiento difuso en un servicio que históricamente ha arrastrado condiciones de precariedad.
Esta misma tensión entre la conservación y las decisiones políticas de infraestructura se replica más al sur. El segundo flanco tiene nombre propio: la ruta T-720, un proyecto vial que busca conectar las comunas de La Unión y Corral atravesando el corazón del Parque Nacional Alerce Costero, hogar del "Gran Abuelo", el árbol vivo más antiguo del planeta con cerca de 5.000 años de edad. Es un combate socioambiental que viene arrastrándose desde 2008 con múltiples reveses y retiros del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) —el último de ellos en 2023, gatillado por severas objeciones técnicas de la propia CONAF—. Durante la administración de Gabriel Boric, la resistencia técnica se mantuvo firme, evidenciada por ejemplo en una carta de la Corporación Alerce dirigida al entonces delegado presidencial Jorge Alvial en enero de 2025, cuando ya se evaluaba un estudio de prefactibilidad para buscar un trazado alternativo externo. Lo que ha revivido ahora es la reactivación formal de la mesa técnica por parte de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, pero con un objetivo explícito: viabilizar el proyecto bajo el concepto de "ruta escénica". Un evidente cambio de empaque retórico para una intervención que, en sustancia, sigue dividiendo el parque en dos.
La evidencia científica en contra de este trazado vial es contundente y no ha variado. Por un lado, está la población directamente afectada: un censo de la Universidad Austral (2024) contabilizó exactamente 942 alerces en la franja que se pretende intervenir (242 adultos, 157 de edad intermedia y 543 plántulas en plena regeneración). Por otro lado, están los vectores de riesgo que abre la ruta; una carta publicada por la comunidad científica en la revista Science documentó que en Chile el 90% de los incendios forestales se inician a menos de un kilómetro de una vía pública, a lo que se suma el riesgo inminente de tala ilegal y la introducción de especies exóticas invasoras en un ecosistema prístino. Mientras tanto, la opción de mejorar y conectar las rutas existentes T-60 y T-400 —que ofrecen un costo ambiental y económico considerarblemente menor— sigue estando sobre la mesa, pero las autoridades sectoriales continúan ignorándola.
Mientras los ojos de la opinión pública se concentran en los bosques del sur, en las zonas urbanas se está desarrollando un tercer frente, más silencioso pero potencialmente el más irreversible. El pasado 18 de junio, el Diario Oficial publicó la resolución exenta N° 02720/2026, que da inicio al proceso de actualización de la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos. Este documento es la herramienta metodológica que define cómo se reconoce legalmente un humedal en las ciudades sobre la base de tres criterios normativos: régimen hidrológico, presencia de vegetación hidrófita y condiciones de suelos hídricos. El período de información pública —abierto entre el 18 de junio y el 10 de julio de 2026— es la ventana formal para que cualquier persona natural o jurídica, incluidos los municipios, pueda presentar antecedentes técnicos por escrito ante las Seremis del Medio Ambiente o vía correo electrónico. Según Martín Becker, jefe de la División de Recursos Natures y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el propósito de la reforma es "reducir los niveles de conflictividad" en estos procesos mediante la estandarización de herramientas avanzadas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la teledetección.
Sin embargo, detrás del lenguaje técnico se esconde una barrera de entrada compleja basada en una profunda asimetría de recursos. Entre más exigentes, sofisticados y prolongados sean los parámetros para demostrar que un ecosistema es un humedal (como verificar regímenes hidrológicos durante varias temporadas o certificar suelos hídricos con metodologías de laboratorio estandarizadas), más difícil será para un municipio pequeño o una organización vecinal financiar los estudios necesarios para solicitar su protección. Al mismo tiempo, una vara probatoria excesivamente alta entrega mejores herramientas legales y técnicas para que los desarrolladores inmobiliarios impugnen judicialmente las declaraciones de protección ante los Tribunales Ambientales. El resultado práctico no será necesariamente una disminución de la conflictividad, sino una reducción en el número de humedales reconocidos como tales. No porque dejen de cumplir su función ecológica de amortiguación hídrica, sino porque las comunidades no tendrán los recursos económicos ni científicos para demostrarlo.
Este temor está lejos de ser abstracto. Es el mismo patrón que ha tomado fuerza en la discusión pública con el nuevo intento por anular la protección del humedal de Los Molles, donde la disputa entre comités vecinales e inmobiliarias se juega precisamente en el terreno de los límites técnicos del ecosistema. Asimismo, coincide con un diseño político general: según el monitoreo de Chile Sustentable, la actual administración ha aprobado la casi totalidad de los proyectos de inversión revisados por el Comité de Ministros en lo que va del año. En este contexto, "reducir la conflictividad" parece ser el tecnicismo utilizado para despejar la resistencia ciudadana frente al avance inmobiliario. La gran incógnita que se resolverá en las próximas semanas es si la nueva guía terminará endureciendo los criterios para probar la existencia de un humedal (haciendo más difícil declararlo) o si blindará los criterios de protección una vez declarado. Son dos caminos regulatorios opuestos bajo un mismo titular de prensa, y de esa diferencia dependerá si la normativa sigue protegiendo la biodiversidad o si termina habilitando más suelo edificable en zonas de alto riesgo de inundación.
Lo que conecta el freno al SBAP, el resurgimiento de la ruta T-720 y la revisión de la guía de humedales urbanos no es solo la coincidencia cronológica en la agenda del Ejecutivo, sino una matriz ideológica común. La institucionalidad ambiental está siendo leída por las nuevas autoridades como un obstáculo burocrático que es necesario remover o un terreno técnico que se debe allanar para acelerar la inversión, en lugar de asumirse como un patrimonio y un acuerdo de Estado que se debe sostener y robustecer. En el primer caso, se posterga una reforma estructural urgente usando un diagnóstico que diluye las responsabilidades propias de la gestión en curso. En el segundo, se reabre un proyecto vial que la evidencia científica y la evaluación técnica ya habían demostrado inviable. Y en el tercero, se eleva la sofisticación de la prueba inicial de modo que menos ecosistemas logren calificar para el amparo del Estado. Tres frentes para una misma estrategia de repliegue ambiental.
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