Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón, solo detrás de Noruega. Esta industria representa uno de los pilares de las exportaciones no mineras del país. En 2023, el salmón superó los 6 mil millones de dólares en envíos al extranjero, lo que lo posiciona como el principal producto de exportación no minera de Chile. No es poca cosa: hablamos de un sector que da empleo directo e indirecto a decenas de miles de personas, especialmente en regiones australes donde escasean otras fuentes laborales.
Sin embargo, este éxito económico no necesariamente se traduce en una fuerte presencia del salmón en la mesa de las y los chilenos. El consumo per cápita en Chile no supera los 3,5 kg al año, mientras que en países como Japón o Noruega sobrepasa los 20 kg anuales. En términos simples: producimos mucho salmón, pero lo comemos poco. Se exporta lo mejor, lo premium, y queda para el consumo interno lo que no califica para los exigentes mercados internacionales. El salmón chileno no es un alimento popular ni cotidiano, sino un bien de exportación.
Impactos sociales: empleo, concentración y conflicto
La salmonicultura ha traído empleo y dinamismo a zonas apartadas del sur de Chile, pero también ha generado dependencia económica, concentración empresarial y conflictos laborales. Las grandes compañías del rubro —en su mayoría de capital noruego, japonés o nacional concentrado— dominan amplias zonas costeras a través de concesiones marítimas. Esto reduce el acceso a recursos para comunidades locales y pescadores artesanales, y genera tensiones por el uso del borde costero.
Además, las condiciones laborales en muchas plantas de proceso y centros de cultivo han sido objeto de denuncias por sobrecarga, bajos sueldos y falta de fiscalización. Los brotes de enfermedades como el virus ISA o episodios de contaminación masiva han provocado despidos masivos, afectando a miles de familias que dependen exclusivamente de esta industria.
En paralelo, muchas comunidades costeras, incluidos pueblos originarios, han denunciado la falta de participación en la toma de decisiones sobre concesiones y expansión de centros de cultivo. La industria creció rápido y sin suficiente planificación territorial.
Efectos ecológicos: fondo marino, antibióticos y biodiversidad
Los efectos ambientales de la salmonicultura intensiva han sido ampliamente documentados. Los centros de engorda liberan grandes cantidades de residuos orgánicos —fecas, alimento no consumido— que se depositan en el fondo marino, generando zonas muertas sin oxígeno. El uso masivo de antibióticos, superior al de cualquier otra industria acuícola en el mundo, también ha generado alarma: sus residuos pueden afectar a otras especies marinas y contribuir a la resistencia bacteriana.
Además, las fugas de salmones desde las jaulas hacia el medio natural son frecuentes. Estos peces, que no son nativos de nuestras aguas, pueden competir con especies locales por alimento o introducir enfermedades, alterando delicadamente los ecosistemas marinos del sur de Chile.
El debate sobre la ubicación de las salmoneras
Uno de los aspectos más controversiales del modelo chileno de salmonicultura es la ubicación de sus centros de engorda —las conocidas jaulas flotantes— en zonas cercanas o incluso dentro de Áreas Silvestres Protegidas (ASP). En regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes, se han instalado concesiones salmoneras en fiordos, canales y parques nacionales, generando un fuerte conflicto entre desarrollo productivo y conservación ambiental.
Diversos estudios y organizaciones han advertido que estos ecosistemas no están preparados para absorber las cargas orgánicas y químicas que implica la actividad intensiva. Además, se cuestiona la legalidad y legitimidad de instalar cultivos industriales en territorios que debieran estar destinados a la preservación de la biodiversidad.
La presión ciudadana ha crecido, y en los últimos años se ha comenzado a discutir seriamente la necesidad de retirar concesiones desde áreas protegidas o al menos establecer una moratoria en su expansión. La demanda es clara: repensar el modelo productivo desde una perspectiva ecológica, que considere no solo la rentabilidad económica, sino también los límites naturales del territorio.
¿Y ahora qué?
El debate no es si debe o no existir la industria del salmón, sino cómo y dónde puede operar con reglas claras, transparencia y límites. Lo que hoy está en juego es la posibilidad de compatibilizar desarrollo económico con justicia territorial y respeto ambiental.
Porque lo que se enfrenta aquí no es solo un conflicto entre vecinos, ONGs y empresas, sino una disyuntiva estructural del modelo chileno: ¿puede el país seguir dependiendo de industrias extractivas e intensivas en territorios frágiles, muchas veces sacrificando ecosistemas únicos, a cambio de crecimiento económico?
La salmonicultura, con su enorme aporte al PIB y a las exportaciones no mineras, representa con claridad esa tensión. Pero la riqueza que se genera, ¿vale más que la integridad de un parque nacional? ¿Debe el interés económico prevalecer sobre la conservación de un fiordo prístino?
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