Sin biodiversidad no hay futuro: una deuda pendiente en el gasto público chileno

En tiempos donde el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad convergen como una triple amenaza planetaria, resulta indispensable preguntarnos cuánto estamos invirtiendo —real y estratégicamente— en proteger aquello que sustenta la vida: nuestra biodiversidad.
El reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el gasto público en biodiversidad en Chile (2015–2022) pone cifras concretas a una realidad incómoda: Chile invierte poco, y muchas veces mal, en su capital natural.

Entre 2015 y 2022, el gasto público anual en biodiversidad promedió apenas el 0,09% del PIB nacional. Esta cifra, que equivale solo al 0,36% del gasto público total, revela que cuidar la biodiversidad sigue siendo una prioridad secundaria para el aparato estatal. Mientras tanto, la economía chilena depende en más de un 50% de exportaciones asociadas a recursos naturales. Es decir, estamos extrayendo más de lo que estamos cuidando.

Lo preocupante no es solo el monto, sino su lógica. El informe muestra que los picos de inversión coinciden con crisis —como los megaincendios de 2020— más que con una planificación estructural. Esto refleja una mentalidad reactiva, no preventiva. Si la biodiversidad es la base de nuestra resiliencia ecológica y económica, ¿por qué seguimos tratándola como un ítem contingente y no estratégico?

El Ministerio de Agricultura lidera el gasto, principalmente por programas de CONAF (hoy Servicio Nacional Forestal, SERNAFOR) y el SAG. Pero no porque exista una política robusta en biodiversidad, sino porque hay incendios que apagar—literalmente. Por contraste, el Ministerio del Medio Ambiente, supuestamente el rector en esta materia, apenas maneja una fracción mínima del presupuesto, aunque dedica el mayor porcentaje relativo de su cartera a biodiversidad. Una paradoja administrativa que el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) debiera corregir.

Además, los sectores con mayor impacto negativo sobre la biodiversidad —como la agricultura intensiva y el uso de agroquímicos— siguen recibiendo subsidios estatales, sin una estrategia clara de reconversión o mitigación ambiental. Estamos financiando nuestra propia degradación.

El informe recomienda evaluar la efectividad del gasto, sistematizar el seguimiento con inteligencia artificial y cerrar la brecha financiera que separa a Chile del cumplimiento de sus compromisos internacionales. Pero más allá de las herramientas, el verdadero cambio debe ser cultural y político. Mientras veamos la biodiversidad como un “costo” y no como una inversión en bienestar, identidad y futuro, seguiremos postergando una deuda con la naturaleza... y con nosotros mismos.

Hace pocos días fueron las elecciones primarias de la alianza de gobierno. El tema del medio ambiente —y en particular la biodiversidad— fue escasamente tratado, quizá porque las prioridades ciudadanas hoy parecen concentrarse en la delincuencia, la salud, la educación o la seguridad social en general. Pero bastará un nuevo incendio para que recordemos lo esencial.

Es de esperar que, una vez inscritos todos los candidatos y validadas sus postulaciones, la biodiversidad tenga al menos unos minutos en los discursos, tanto de aspirantes al Parlamento como —especialmente— a la Presidencia.

Y también esperaría que, durante la tramitación del Presupuesto de la Nación, se observe una tendencia al alza en este ítem. Perfectamente se pueden reasignar recursos desde programas estatales que han sido víctimas de la ineficiencia —y lo digo sin pelos en la lengua— de la delincuencia política.

¿Cómo logramos eso?
Es simple y debiera ser hasta sentido común entender que sin biodiversidad, no hay agua, no hay alimentos, no hay salud, no hay futuro, pero parece que no es así.