La reciente tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine —donde cinco turistas extranjeros murieron atrapados por una tormenta extrema en el Circuito O— vuelve a exponer algo que en el mundo forestal y ambiental venimos diciendo hace años: la crisis estructural en la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) en Chile no es nueva, solo más evidente cada vez que ocurre un desastre.
Las víctimas enfrentaron vientos que en algunos sectores del parque pudieron superar los 150 km/h (e incluso acercarse a los 180–190 km/h según reportes preliminares), nieve intensa y visibilidad casi nula. Es un evento extremo, sí, pero uno donde la presencia de guardaparques en puntos críticos —como el campamento Los Perros, que ese día estaba sin personal— pudo marcar una diferencia en prevención, aviso temprano y auxilio.
Falta crítica de guardaparques: una “tormenta perfecta” anunciada
No es novedad que la dotación de guardaparques —históricamente en CONAF y desde 2024 bajo el SBAP— es insuficiente. En Torres del Paine se habla de alrededor de 100 personas asignadas, pero solo una parte está realmente en terreno. El sistema de turnos genera zonas ciegas en rutas técnicas, justo donde no deberían existir.
A nivel nacional, las cifras varían según fuente y año, pero la tendencia es clara: Chile tiene un déficit importante de guardaparques, con estimaciones que hablan de varios cientos a más de mil funcionarios faltantes para cubrir adecuadamente las más de 100 ASP. La proporción promedio ronda un guardaparques por decenas de miles de hectáreas, bastante lejos de estándares internacionales que se sitúan cerca de uno por cada 2.000–3.000 hectáreas en sistemas bien financiados.
A esto se suma lo de siempre: salarios bajos, déficit de equipamiento, infraestructura mínima y recortes presupuestarios que se arrastran hace años. Una tormenta puede ser natural, pero la falta de capacidad para enfrentarla de forma adecuada es un fallo del sistema, no de la montaña.
Presupuesto por hectárea: una cifra pequeña que explica un problema grande
En Chile, el presupuesto anual por hectárea protegida suele moverse entre menos de 2 dólares y cerca de 0,6 dólares, dependiendo del año y cómo se calcule. No existe una cifra absolutamente oficial unificada, pero el rango es ampliamente citado y coherente con informes de ONG y análisis sectoriales.
El mínimo recomendado internacionalmente ronda los 6 dólares por hectárea para lograr una gestión razonable. Estamos bajo ese piso, y bastante.
Además, entre el 70% y 80% del presupuesto se va en salarios. No es anormal: pasa en sectores intensivos en capital humano (educación, salud, servicios de base). Y en ASP es lógico: sin personas en terreno, no existe conservación real.
Aun así, la brecha es enorme. En un parque del nivel de Torres del Paine, para tener un estándar acorde al turismo internacional que recibe, se necesitarían cientos de millones de pesos adicionales al año solo para tapar agujeros: dotación, infraestructura, monitoreo, manejo de amenazas, etc.
Evolución presupuestaria: estancamiento cuando más se necesitaba crecer
Durante la última década, el presupuesto de las ASP ha mostrado un crecimiento muy limitado e incluso recortes en algunos años. Y todo esto con un turismo creciente, amenazas crecientes y presión climática creciente.
El SBAP es un avance institucional importante, pero sin recursos frescos y suficientes, corre el riesgo de transformarse en un cascarón administrativo más.
Propuestas presidenciales 2025: mucho bosque, poca raíz
Revisando las propuestas ambientales de los dos principales candidatos:
Ambos tocan temas relevantes, pero ninguno enfrenta de lleno la raíz del problema: recursos, personal y estándares mínimos para conservación y seguridad.
Una deuda pendiente que ya no cabe bajo la alfombra
La tragedia en Torres del Paine no es solo un evento doloroso; es un recordatorio brutal de que seguimos administrando áreas protegidas del siglo XXI con presupuestos y dotaciones del siglo pasado.
Chile quiere parques de nivel mundial, pero sin pagar el costo real de tenerlos seguros y bien gestionados.
Hasta ahora, ni el Estado ni los candidatos están ofreciendo una respuesta que alcance la magnitud del problema. Y mientras eso no cambie, las ASP seguirán dependiendo de la suerte, del clima y de la buena voluntad del personal que hace milagros con casi nada.
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