El problema de la discusión actual es que se suele confundir el "traje de gala" con el "overol de trabajo". Se propone eliminar carteras a tontas y a locas para la galería, o se recurre al diseño cosmético de los bi ministerios, en lugar de fusionar estructuras de verdad. ¿Queremos eficiencia real? Partamos por casa: ministerios como la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) perfectamente podrían dejar de existir como ministerio y traspasar sus tareas de comunicación y prensa al Ministerio del Interior o a una dirección centralizada. No se necesita un aparato completo con sucursales regionales solo para administrar el relato político. Eso es optimizar el traje. El problema es cuando, bajo ese mismo eslogan, se pretende quitarle el overol a los que sí hacen la pega: ¿queremos menos inspectores del SAG en los puertos o menos técnicos fiscalizando el bosque nativo? Ahí es donde el eslogan choca con la realidad del territorio.
Para un creciente grupo de políticos de rasgos populistas, la tentación de repetir que el tamaño del Estado es el único culpable de la ineficiencia se ha vuelto un mantra. Alegan que se gasta más en sostener la administración que en cumplir las tareas propias de cada división, departamento, ministerio o seremi. Y reconozcámoslo: puede que en parte tengan razón, pero la solución no es llegar y cortar a ciegas. Las necesidades que el país debe abordar y solucionar son gigantescas y variadas: salud, educación, seguridad, vivienda, conectividad, cultura y transporte. Eso no lo puede hacer una sola persona ni se regula solo.
El verdadero problema está cuando se hacen crecer las estructuras de forma artificial, lo que no significa que el beneficio llegue más lejos. Menos aún en un país tan extenso como Chile; un territorio largo y profundamente variado en su clima, donde —por dar un ejemplo básico— la agricultura y la realidad forestal cambian drásticamente casi en cada región, exigiendo respuestas técnicas locales y no recetas de escritorio.
Sin embargo, casi no hay semana en que no se escuche la orden de recortar y achicar. Sectores de derecha muy cercanos al actual oficialismo han llegado al extremo de proponer que se debe terminar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahí es donde la tijera deja de ser una herramienta económica y se convierte en un arma ideológica: un intento burdo por borrar la historia negra de nuestro país y relativizar los atropellos cometidos durante la dictadura militar bajo la excusa de la "austeridad fiscal".
El laberinto de los 700 programas
Ese número, 700, asusta a cualquiera, y con razón. Es el síntoma de una fragmentación ineficiente. Cada gobierno prefiere crear su propio "programa estrella" con un nombre nuevo en lugar de fortalecer lo que ya existe. Esto genera programas "zombis" que, aunque año tras año son mal evaluados por la DIPRES, siguen ahí por inercia o compromiso político.
El verdadero desperdicio no está en el beneficio que recibe el ciudadano, sino en el costo de administrar esa división infinita. Cada programa requiere su propio jefe, su secretaria y su propio arriendo de oficina. Multiplique eso por 700 y verá dónde se queda la plata que debería estar en el campo. Muchos de esos programas atomizados funcionan bajo la lógica del "vamos arando, dijo la mosca": se posan sobre el lomo del servicio técnico que sí hace la pega en las comunas y se anotan los éxitos, mientras consumen los recursos que deberían ir a camionetas, insumos o personal en terreno.
La tiranía del reloj contra la escala del bosque (y de la vida)
Aquí es donde la premisa de "achicar" se vuelve obtusa si no considera la variable más importante: el tiempo. En el territorio, la escala de tiempo manda, y esa escala no negocia con el calendario político ni con la planilla Excel.
La naturaleza tiene ciclos que superan largamente los 4 años de un gobierno. Un programa de recuperación de suelos degradados o de control de plagas forestales no puede evaluarse con el mismo criterio que un subsidio de consumo. El insecto no deja de poner huevos porque el presupuesto se acabó en diciembre y se renueva en marzo; el árbol no da sombra más rápido porque un burócrata necesite indicadores de éxito para el balance trimestral.
Esa misma ceguera temporal se aplica cuando la tijera apunta a lo social
Chile envejece a pasos agigantados —basta mirar la realidad de nuestras comunas rurales— y la vejez, al igual que el bosque, responde a una escala biológica, no comercial. Proponer el desmantelamiento de las redes de apoyo o la eliminación de programas de cuidado bajo el eslogan de la austeridad es ignorar que un adulto mayor no puede esperar a que el mercado "regule" el costo de su bienestar. Hay funciones del Estado, desde el laboratorio fitosanitario hasta el centro diurno del SENAMA o el asistente que llega a la posta rural, que no son "grasa burocrática"; son el tejido mínimo que sostiene la vida y el patrimonio del país.
Menos grasa, más raíz
Modernizar el Estado no es pasar una podadora a ciegas, sino aplicar un bisturí quirúrgico. Significa fusionar y consolidar esos 700 programas para que el recurso llegue al árbol y al hogar, y no se pierda en el formulario. Significa pasar de programas cosméticos de doce meses a políticas de Estado que respeten la escala biológica y demográfica.
Al final, el éxito de un servicio técnico no se mide en cuántos folletos imprimió este año, sino en la salud del patrimonio natural y humano diez años después. Achicar el Estado debería ser quitarle estorbos al territorio, no herramientas. Porque el papel aguanta cualquier recorte, pero el bosque y la comunidad no sobreviven a la falta de gestión.
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