Después del fuego

Se suele decir que Chile está acostumbrado a ser embestido por la naturaleza. Terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, que durante millones de años moldearon nuestra larga y angosta geografía, siguen ocurriendo con relativa periodicidad y, en muchos casos, con cierto grado de predictibilidad. Lluvias intensas que derivan en inundaciones hoy pueden anticiparse casi con exactitud, mas no sus consecuencias.

En las últimas décadas, sin embargo, se han sumado con fuerza los incendios forestales, fenómenos que parecen adquirir vida propia y que, como en una película de horror o ciencia ficción, evolucionan año a año hacia versiones cada vez más extensas, rápidas y devastadoras.

Hoy nos ocupa nuevamente un mega incendio forestales en la zona centro-sur del país, - regiones de Ñuble y Biobio -. La destrucción alcanza bosques exóticos y nativos, flora y fauna irreemplazables, viviendas, infraestructura crítica y, lamentablemente, vidas humanas.

A ello se suma un componente particularmente doloroso: la bajeza humana de quienes buscan cualquier excusa para hacer política de trinchera, en lugar de contribuir, aunque sea con apoyo moral, a quienes hoy lo han perdido todo. Punto especialmente negro para los incivilizados que llegaron incluso a saquear un hospital en medio de la emergencia.

Las causas

Hay factores innegables. El cambio climático, que intensifica las sequías, altera la periodicidad e intensidad de las lluvias y multiplica las olas de calor y la mala o derechamente inexistente planificación territorial, que permite el emplazamiento de pueblos y ciudades en zonas de alto riesgo. Existe en este punto un componente político relevante, la falta de voluntad de parte de autoridades para hacer cumplir las normas que impiden que se establezcan en dichas zonas.

La expansión de las plantaciones forestales, el denominado “modelo forestal”, suele concentrar buena parte de la discusión pública. Es efectivo que estos bosques, por su condición de monocultivo, facilitan una propagación más rápida del fuego. No porque sean el origen del incendio, sino porque la homogeneidad de especies, edades y cargas de combustible reduce la capacidad del paisaje para actuar como barrera natural frente al avance de las llamas.

Conviene decirlo con claridad: todo monocultivo favorece la propagación de incendios, no solo aquellos asociados a pino o eucalipto. Sin embargo, también es cierto que la industria forestal, maderera y de la celulosa no se sustenta sobre la diversidad de especies, sino sobre la eficiencia productiva. El problema emerge cuando esa lógica productiva se extiende de manera continua sobre vastos territorios, sin una planificación que incorpore criterios de fragmentación del paisaje, manejo del combustible y reducción del riesgo para comunidades humanas.

Ahora bien, el cambio climático por sí solo no enciende nada. Lo que hace es generar condiciones extremadamente favorables para que un incendio se propague de manera violenta y fuera de control. Para que el fuego comience, sigue siendo necesaria la acción humana: negligencia, descuido o la intención deliberada de provocar daño.

En este último punto aparecen rumores especialmente graves que, de confirmarse, deberían ser castigados con el máximo rigor de la ley: la provocación intencional de incendios para forzar un cambio de uso de suelo, y habilitar nuevas actividades económicas. Se ha hablado, por ejemplo, de proyectos asociados a la explotación de tierras raras.

Si aquello resultara cierto, no cabe matiz alguno: todo el peso de la ley sobre los responsables. Lamentable es que en Chile aún se discute una ley que impida el cambio de uso de suelo tras un incendio forestal.

A estas causas debe sumarse entonces un factor incómodo pero real: la codicia y la ambición. Más aún cuando estas podrían verse alentadas si prosperaran ideas como las planteadas por el ministro de Hacienda entrante, en torno a liberalizar o desregular el uso del suelo en Chile.

Lo que lograría quitando urgencia al proyecto de ley que sanciona el cambio de uso de suelo o derechamente retirando el proyecto.

De materializarse un enfoque de ese tipo, se abriría una peligrosa puerta a la complicidad o instigación de delitos ambientales de extrema gravedad llegando incluso a niveles de ecocidio.

Cabe recordar que esta figura está tipificada en la legislación chilena mediante la Ley 21.595. Ignorar este marco legal no solo sería una señal política errada, sino una irresponsabilidad histórica frente a un país que, año tras año, arde un poco más.

Sobre los restantes factores asociados al comportamiento humano se ha escrito extensamente. Se han realizado innumerables estudios, seminarios y conferencias donde el tema se aborda una y otra vez, y casi siempre la conclusión es la misma: se hace lo más que se puede y, aun así, las tragedias se repiten.

Parte de la explicación estaría en una realidad incómoda: en algunos sectores de la sociedad la maldad está profundamente instalada, ese impulso de dañar que se expresa tanto en el rayado de la señalética urbana como en la provocación de incendios forestales.

Personas que, al ser detenidas y enjuiciadas, cumplirán penas privativas de libertad. Eso es Estado de Derecho.

Nada de eso, sin embargo, justifica llamados a la violencia como el “correr bala a quien sea sorprendido iniciando un incendio”, planteado por el ex candidato Kaiser. Ese tipo de declaraciones no solo son inaceptables, sino que representan barbarie sobre barbarie, una renuncia explícita a la ley y a los principios básicos de convivencia democrática.

Soluciones

Frente a este escenario, la respuesta de fondo sigue siendo una sola y no admite atajos: educación permanente. Educación ambiental, pero también educación cívica, porque ambas van de la mano. La primera enseña a cuidar y comprender nuestro entorno recordando que no es infinito ni reemplazable; la segunda refuerza la responsabilidad que tenemos como ciudadanos respecto de los demás.

Hoy, más que nunca, esa responsabilidad se extiende hacia un planeta dañado que no necesita discursos grandilocuentes, sino conductas coherentes. En ese contexto, no resulta exagerado plantear que la televisión abierta, como medio masivo aún influyente, incorpore de manera sistemática campañas de educación ambiental y cívica en su programación. No como gesto simbólico, sino como parte de una estrategia de largo plazo para enfrentar un problema que claramente no se resuelve solo con la construcción de cortafuegos, limpieza de basura en quebradas, generación de zonas de exclusión y obviamente con brigadas y helicópteros.

Todo ello mientras de seguro los gremios y la academia se reunirán o intentarán hacerlo para seguir buscando soluciones que parecieran caer en un suelo tan estéril como el que dejan tras suyo los incendios.

Queda aún el desafío más complejo y menos visible: la reconstrucción. No solo la material, de viviendas, caminos y servicios básicos, sino también la reconstrucción emocional de comunidades que deberán volver a habitar, una vez más, un territorio donde la naturaleza se ha ensañado reiteradamente, marcado por incendios, tsunamis y terremotos, y hoy nuevamente por la pérdida, el miedo y la incertidumbre. Ese proceso, largo y silencioso, es el que realmente pone a prueba al Estado, a la sociedad y a nuestra capacidad de aprender de la tragedia.

En unas semanas más, nuestro país cambiará de presidente y, como coincidió con el cambio de mando de 2010, se transita desde una visión de sociedad a otra que, en este caso, es diametralmente opuesta. Pero al igual que entonces, se impone la necesidad urgente de reconstruir lo que el fuego se llevó y de preparar al país para reaccionar cada vez con mayor rapidez frente a esta y otras emergencias. Siempre teniendo presente, eso sí, que rápido no es sinónimo de bien hecho.

Deseo éxito en esta tarea al gobierno del presidente José Antonio Kast.