miércoles, 14 de enero de 2026

Presupuesto 2026 en Chile: medio ambiente, incendios forestales y urbanismo bajo la lupa

A fines de noviembre de 2025, el Congreso aprobó la Ley de Presupuestos 2026, con un total de $86,2 billones y un crecimiento moderado del 1,7% respecto de 2025. Este erario, el último presentado por el presidente Gabriel Boric, será el primero en ejecutarse bajo la administración del presidente electo José Antonio Kast, quien asume en marzo de 2026. El presupuesto enfatiza la responsabilidad fiscal y prioriza áreas sociales como salud y educación, pero ha generado debate en ámbitos ambientales y urbanos. A continuación, un vistazo a algunas áreas clave: medio ambiente, combate a incendios forestales, áreas protegidas y urbanismo. 

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) enfrentó una tramitación compleja. Su partida fue una de las 14 rechazadas inicialmente en la Cámara de Diputados, reflejando críticas por un crecimiento prácticamente nulo —en torno al 0,4%— respecto del año anterior. Tras los acuerdos alcanzados en comisión mixta, el presupuesto se mantuvo estable, con énfasis en coordinación institucional y elaboración de normas ambientales, pero sin expansiones significativas. Desde distintos sectores se advierte que esta restricción presupuestaria limita avances sustantivos en materias como cambio climático, descontaminación y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental.

En contraste, el combate a los incendios forestales aparece como una de las prioridades más claras del Presupuesto 2026. A través de CONAF —y del nuevo Servicio Nacional Forestal en proceso de implementación—, el Plan de Acción para la temporada 2025-2026 contempla recursos que superan los $160 mil millones, en niveles similares al récord de la temporada anterior. Este monto duplica largamente los presupuestos de años previos e impulsa acciones de prevención, como cortafuegos, el despliegue de 77 aeronaves y el fortalecimiento de brigadas terrestres. La decisión responde tanto a las lecciones dejadas por los mega-incendios recientes como al aumento del riesgo asociado al cambio climático.

Las áreas silvestres protegidas también registran avances con la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que comienza a consolidarse tras la separación de funciones desde CONAF. El énfasis está puesto en el fortalecimiento institucional, la restauración de ecosistemas afectados por incendios y una mejor gestión de la biodiversidad, aunque sin incrementos presupuestarios de gran magnitud.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) exhibe un aumento relevante, cercano al 13%, orientado a cumplir la meta de más de 260 mil viviendas. Sin embargo, una parte significativa de estos recursos se destina al pago de compromisos y deudas acumuladas, más que al impulso de nuevos enfoques en urbanismo sostenible o planificación urbana de largo plazo.

En su conjunto, el Presupuesto 2026 apuesta con fuerza por la prevención y el combate de incendios forestales frente a un escenario de crecientes emergencias climáticas, pero se muestra más cauteloso en materia ambiental estructural y en urbanismo. El equilibrio fiscal propuesto satisface a algunos sectores, aunque deja abiertas interrogantes sobre la ambición verde del país a mediano y largo plazo. ¿Será suficiente para enfrentar los desafíos ambientales y territoriales de Chile en 2026?

A este diagnóstico se suma un matiz político relevante: se trata del último presupuesto diseñado por la administración de Gabriel Boric, pero que deberá ser ejecutado por el gobierno entrante de José Antonio Kast. En ese sentido, el Presupuesto 2026 ofrece al nuevo mandatario un marco macroeconómico parcialmente alineado con su discurso de estabilización fiscal y control del gasto. Sin embargo, las diferencias ideológicas entre ambos proyectos políticos anticipan tensiones en su ejecución. En medio ambiente y áreas protegidas, el nuevo gobierno podría optar por ralentizar regulaciones y priorizar la desregulación para incentivar inversiones, especialmente en sectores extractivos. En incendios forestales, en cambio, es esperable la mantención —o incluso el refuerzo— de los recursos, dado su carácter de emergencia nacional y su vínculo con la agenda de seguridad. En vivienda y urbanismo, la ejecución podría orientarse hacia una mayor participación privada y criterios de eficiencia de mercado.

Con un Congreso fragmentado y márgenes acotados para reformas estructurales, los primeros meses de 2026 serán clave. La discrecionalidad en la ejecución presupuestaria será una de las principales herramientas del nuevo gobierno para imprimir su sello. Así, este presupuesto heredado se perfila como la primera prueba concreta de gobernabilidad y de hasta dónde José Antonio Kast podrá reorientar un erario concebido bajo premisas muy distintas a las de su programa.

Fuente: Dirección de Presupuestos (DIPRES)

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