Cuando la naturaleza sigue siendo tratada como utilería

En pocos días, tres hechos distintos —geográficamente lejanos entre sí— revelaron un mismo problema de fondo. En Maitencillo, una pareja arrojó polluelos de gaviota desde la terraza de un edificio. En Torres del Paine, visitantes ingresaron a zonas no habilitadas para bañarse, ignorando advertencias y normas del parque. En El Quisco, veraneantes sacaron un tiburón del agua para tomarse fotografías, manipulándolo como un objeto más del paisaje veraniego.

No se trata de una coincidencia ni de simples “malos comportamientos”. Son expresiones distintas de una misma lógica: la idea persistente de que la naturaleza está ahí para ser usada, intervenida o exhibida, sin consecuencias reales.

Fauna silvestre: del espectáculo al daño

El caso de Maitencillo generó indignación inmediata. Las imágenes son duras y no admiten ambigüedad: crías de aves silvestres dañadas deliberadamente, con total indiferencia frente al sufrimiento animal y al rol ecológico de la especie. Aquí, la reacción social fue rápida, y con razón. Pero esa rapidez suele depender de un factor clave: que el daño sea visible, explícito y emocionalmente perturbador.

Algo distinto ocurrió en El Quisco. Sacar un tiburón del agua para selfies puede parecer, para algunos, una anécdota veraniega o una torpeza sin mala intención. Sin embargo, manipular fauna silvestre marina sin autorización ni conocimientos básicos constituye una intervención directa sobre una especie protegida o regulada, con riesgo real de daño o muerte del animal. La diferencia entre ambos casos no es jurídica, sino cultural: uno indigna, el otro se relativiza.

En ambos, subyace la misma premisa equivocada: que la fauna silvestre es un recurso recreativo, disponible para la interacción humana sin límites claros.

Flora: cuando el daño no grita, pero persiste

La misma lógica se repite con la flora. El reciente daño al coihue abuelo de más de 600 años, denunciado por CONAF, no involucró tala ilegal ni incendios. Fue un daño más silencioso, pero no menos grave: afectar un ejemplar único, portador de siglos de historia ecológica, cuya pérdida no admite reemplazo.

En Chile, la extracción, daño o tráfico de especies vegetales en categoría de conservación —árboles, cactáceas, orquídeas, plantas endémicas— no es una falta menor. El marco legal reconoce que la pérdida de un solo individuo puede tener consecuencias ecológicas significativas. Sin embargo, estos hechos rara vez generan la misma reacción que el daño a animales, como si el valor de la vida dependiera de su movilidad o expresividad.

El tráfico de flora, además, suele estar asociado al lucro y a redes organizadas, lo que lo sitúa directamente en el ámbito del delito ambiental y económico, lejos de la imagen romántica del “rescate” o la “colección”.

Geografía y paisaje: el daño que normalizamos

Torres del Paine aporta otra capa a este problema. Bañarse en zonas no habilitadas no es solo una infracción administrativa ni una imprudencia personal. Es una intervención directa en un ecosistema frágil, donde la presencia humana puede contaminar aguas, alterar riberas, compactar suelos y afectar flora y fauna asociadas.

El suelo, el subsuelo, las formaciones geológicas y el paisaje son parte del medio ambiente protegido por la ley. Sin embargo, el daño a cerros, rocas, dunas o cuerpos de agua suele ser minimizado porque no siempre deja huellas inmediatas. Se asume que la geografía es resistente, que “aguanta todo”, que no necesita protección activa. Esa suposición es falsa.

Rayar rocas, extraer material, intervenir geomorfologías o ignorar zonificaciones en áreas protegidas también constituye daño ambiental, aunque no genere titulares virales.

Un marco legal que existe, pero desconocido por la mayoría

Chile cuenta hoy con un marco legal vigente que protege fauna, flora y ecosistemas, e incluso permite sancionar penalmente los daños graves mediante figuras de delito ambiental. Existen penas de cárcel, multas y obligaciones de reparación del daño ambiental . El problema no es la inexistencia de normas, sino que simplemente no las asumimos como propias

La repetición de estos casos revela una falsa sensación de impunidad, alimentada por la idea de que solo los grandes desastres ambientales merecen sanción, mientras que las pequeñas transgresiones cotidianas serían irrelevantes.

Pero la naturaleza no distingue entre daño grande y pequeño en términos humanos. Acumula impactos. Y muchas veces, lo irreversible no ocurre de golpe, sino por la suma de gestos aparentemente menores.

Más que indignación, una pregunta incómoda

Lo que une a Maitencillo, Torres del Paine y El Quisco no es solo el daño ambiental, sino la desconexión entre nuestras acciones y sus consecuencias. Seguimos reaccionando cuando el daño nos incomoda visualmente, pero tolerando —o incluso justificando— aquello que no altera nuestro disfrute inmediato.

Mientras no asumamos que la fauna, la flora y la geografía no son utilería del paisaje, sino patrimonio natural con protección legal y valor intrínseco, seguiremos repitiendo estos episodios con distintos protagonistas y escenarios.

La ley existe. Las sanciones existen. La pregunta pendiente es otra:
¿cuándo vamos a asumir, como sociedad, que respetar la naturaleza no es una opción ética, sino una obligación concreta y cotidiana?