Cuando Poduje menciona casos de viviendas detenidas por la presencia de un belloto del norte, lo hace como ejemplo de una burocracia que —a su juicio— pierde el sentido de la urgencia frente a familias damnificadas. En abstracto, el punto no es trivial: los procesos de evaluación ambiental pueden ser lentos, poco coordinados y, en situaciones de catástrofe, francamente frustrantes para quienes esperan una solución habitacional.
Sin embargo, el problema aparece cuando especies como el belloto o el alerce —ambos árboles protegidos y escasos— entran al debate como símbolos de una supuesta exageración ambiental. No porque Poduje proponga explícitamente talarlos (ha señalado incluso que el alerce “se localiza”), sino porque el encuadre instala una oposición artificial: como si la protección del bosque nativo y de otras especies vegetales y animales fuera un capricho ideológico y no una política pública sustentada en evidencia ecológica, legal y territorial.
El futuro ministro habló de localizar alerces. Francamente, cuesta no detenerse ahí. Si conoce un método efectivo para “relocalizar” alerces milenarios, sería de enorme utilidad que lo compartiera con la comunidad científica que lleva décadas intentando preservar esta especie única, endémica y prácticamente irremplazable.
Chile no protege al alerce ni a los bellotos por romanticismo ambiental. Lo hace porque son especies clave de ecosistemas profundamente degradados, con funciones que van desde la regulación hídrica hasta la estabilidad del suelo y la resiliencia frente a desastres. Ignorar eso en nombre de la urgencia puede terminar siendo pan para hoy y hambre para mañana: reconstrucciones mal emplazadas, nuevos riesgos y conflictos futuros que vuelven a golpear a las mismas comunidades.
El punto de fondo no debería ser si las personas importan más que los árboles —una pregunta mal formulada— sino por qué el Estado no ha sido capaz de diseñar mecanismos de reconstrucción que integren ambas dimensiones sin enfrentarlas. La legislación ambiental, en teoría, ya contempla criterios de excepción, mitigación y compensación. El problema es que esas herramientas suelen llegar tarde, mal coordinadas o sin respaldo técnico suficiente en los territorios.
Poduje parece tener razón en una cosa: no es aceptable que familias afectadas por incendios esperen años mientras los proyectos se entrampan. Pero sería un error grave convertir especies como el alerce o el belloto en obstáculos a vencer, en lugar de variables críticas a integrar inteligentemente en la planificación territorial.
Nada de lo anterior implica desconocer el problema que Poduje pone sobre la mesa. La lentitud del Estado, la burocracia mal coordinada y la espera prolongada de familias damnificadas son reales y deben ser corregidas con urgencia. La discrepancia no está en el diagnóstico, sino en la forma de presentarlo y en los antagonismos que se construyen para explicarlo, porque al hacerlo se termina simplificando un conflicto que es, en esencia, de mala planificación pública y no de prioridades morales.
Proteger al alerce, a los bellotos y a otras especies no es una postura romántica: es defensa civil. Estamos resguardando algunos de los registros climáticos más antiguos del planeta y los últimos refugios de humedad de vastas zonas del territorio. Destruirlos en nombre del “progreso” es como vender los cimientos de la casa para comprar muebles nuevos: se gana algo inmediato, pero se pierde todo a largo plazo. En el caso del belloto del sur, además, su escasez es tal que cada individuo vivo hoy es, literalmente, un sobreviviente.
Lo que ciertamente no es poner a los árboles, la flora o la fauna por sobre las personas, es integrarlos armónicamente en el paisaje que denominamos ciudad, entendida como un lugar donde naturaleza y vida humana deberían poder convivir y sostenerse mutuamente, aunque hoy estemos lejos de lograrlo
Finalmente, hay un punto que no es menor. Un ministro —y más aún uno a cargo de Vivienda y Urbanismo— no solo debe manejar criterios técnicos, sino también saber relacionarse con sus interlocutores. Escuchar, anotar, disentir con argumentos y no con amenazas. Invocar la justicia o la ley antes siquiera de intentar convencer no es fortaleza institucional, es pobreza política. El MINVU puede ser un ministerio técnico, pero trabaja con personas, comunidades y conflictos reales. Para eso, además de conocimiento, se requiere algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia en este debate: humildad e inteligencia emocional.
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