Primero, un matiz clave que suele desaparecer del debate: una cosa es que una especie sea muy inflamable y otra muy distinta es que sea pirófita. Inflamable es cualquier planta que, dadas las condiciones adecuadas (sequedad, viento, continuidad de combustible), arde y sostiene la combustión; en la práctica, casi toda la vegetación leñosa entra en esa categoría y más bajo olas de calor como las que hoy vivimos. Pirófita se reserva para especies cuya bioecología está estructurada por el fuego: rebrote especializado, corteza adaptada, semillas que germinan con calor o humo, ciclos que "aprovechan" el incendio. Confundir inflamabilidad con pirofitismo no solo es un error conceptual; distorsiona el diagnóstico y simplifica en exceso una realidad mucho más compleja.
El modelo forestal chileno merece críticas, pero por razones más profundas que el eslogan de las "especies pirófitas". El problema no es solo qué se plantó, sino cómo, dónde y con qué reglas. Plantaciones extensas de pino y eucalipto, altamente inflamables, se expandieron sobre paisajes ya “tensionados”, muchas veces sustituyendo bosque nativo, acercándose demasiado a zonas pobladas y acumulando combustible sin manejo suficiente. Eso construyó un territorio propenso a incendios de gran magnitud. Pero reducir todo a "quitemos el pino y el eucalipto" es tan simplista como afirmar que "el 99% de los incendios los provoca la gente, así que el modelo da lo mismo". La causa puede ser humana, pero la envergadura del desastre depende del paisaje que construimos.
Hay también mitos cómodos en ambos bandos. Desde un lado, se demoniza cualquier plantación como si fuera inherentemente incompatible con la convivencia social y ambiental, ignorando que, bien ubicadas y manejadas, las plantaciones pueden convivir con otros usos y con mosaicos de bosque nativo. Desde el otro, se vende la idea de que el modelo forestal es casi neutro y que todo se resuelve con más aviones, brigadas y campañas de prevención.
Ni demonio absoluto ni víctima inocente: el modelo de plantaciones chileno es un amplificador de riesgo en un clima que se calentó y secó, y que hoy enfrenta eventos extremos con mayor frecuencia e intensidad.
Y aquí aparece el elefante en la habitación: el cambio climático como condicionante independiente. El clima de referencia con el que se diseñó buena parte del modelo productivo chileno —no solo el forestal— ya no existe. Olas de calor más frecuentes y prolongadas, veranos más secos, combinación de altas temperaturas con déficit hídrico y viento: todo eso configura un "nuevo piso climático” sobre el cual operan agricultura, forestal, ganadería, energía e incluso la localización de ciudades y carreteras.
Que el modelo forestal esté bajo crítica permanente tiene sentido; lo que no tiene sentido es pretender que podemos mantener intacto el resto de la matriz productiva como si el problema fuera un asunto de especies puntuales y no de planificación nacional bajo un clima alterado.
Si aceptamos que el clima cambió, la consecuencia lógica es incómoda: hay que revisar el modelo productivo completo, no solo el forestal. Eso implica preguntarse dónde y qué cultivamos, cómo usamos el agua, qué tan expuestas están nuestras ciudades a incendios, inundaciones o aluviones, y qué tipo de infraestructura seguimos construyendo en zonas de alto riesgo. Es más fácil concentrar la ira en el pino de la ladera que asumir que el problema es un país que, durante décadas, se ordenó para otro clima y que hoy se resiste a una adaptación profunda. Mientras esa conversación sistémica no se dé, seguiremos recortando la foto al mismo lugar: el incendio en el valle, la plantación al fondo, la frase "hay que cambiar el modelo" y, a la semana siguiente, todo vuelve a la normalidad.
Además, el contexto político próximo tampoco ayuda a esperar grandes virajes. Con un gobierno entrante de signo conservador, es razonable anticipar que las prioridades girarán hacia orden público y crecimiento, con poco espacio para reformas estructurales en el modelo forestal, menos aún para una revisión integral de la matriz productiva. Lo más probable es que veamos ajustes marginales: algún cambio reglamentario, refuerzo en prevención y combate, nuevas campañas de comunicación. Necesarios, sí, pero insuficientes frente a la magnitud del problema que plantea un clima más extremo.
El contraste con el sector empresarial es revelador. Mientras la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo -AIFBN- presenta una propuesta crítica y estructural para un nuevo modelo forestal, del lado empresarial y gremial —CORMA y CIFAG— predominan ajustes operativos: fuego técnico controlado para reducir combustibles, alianzas con pequeños agricultores, apoyo a leyes específicas de prevención y regulación de interfaces urbano-rural. Son medidas técnicas necesarias, pero sin una visión alternativa de modelo que cuestione la lógica actual de expansión de monocultivos y concentración territorial.
Pero hay propuestas serias sobre la mesa. La AIFBN, desde su visión, plantea una hoja de ruta concreta: regulación estricta de plantaciones existentes y nuevas —estándares obligatorios de manejo de combustible, cortafuegos efectivos, distancias mínimas a viviendas y cuerpos de agua, y límites claros a la sustitución de bosque nativo— junto con la incorporación explícita de adaptación climática, donde el modelo forestal se articula con estrategias nacionales para reducir vulnerabilidad a incendios, sequías e inundaciones. Esto no es eliminar plantaciones, sino integrarlas en paisajes resilientes y multifuncionales, con la comunidad local capturando el valor que hoy se concentra en pocas manos.
Vale la pena notar que ya existen instrumentos públicos alineados con esta visión. La Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. -ENCCRV- prioriza silvicultura preventiva para reducir riesgo de incendios mediante manejo activo de combustibles y restauración post-fuego, mientras el Plan Sectorial de Adaptación Silvoagropecuario (aprobado enero 2025) incluye 12 medidas específicas contra eventos climáticos extremos, desde infraestructura intrapredial hasta sistemas de alerta agrometeorológica. CONAF habla de "mosaicos resilientes" y modificación de la Ley de Bosque Nativo. El desafío no es falta de diagnóstico, sino voluntad política para pasar de planes a implementación efectiva en el territorio.
A la vista de lo expuesto creo es indispensable revisar el modelo forestal chileno, pero hacerlo con rigor técnico, distinguiendo inflamabilidad de pirofitismo, paisaje de especie, manejo de consigna. Y al mismo tiempo, es un error estratégico tratar al sector forestal como chivo expiatorio de un fracaso colectivo mucho mayor: el de no haber adaptado a tiempo nuestro modelo de desarrollo a un clima que ya cambió.
Un dato final invita a la reflexión: Chile enfrenta escasez de madera por los incendios sucesivos y que no se han reforestado suficientemente, mientras nuestros bosques tardan más en crecer que los de Brasil debido a condiciones edafoclimáticas menos favorables. Desmantelar el modelo sin alternativas claras podría agravar esta crisis estructural, haciendo más urgente un debate técnico serio sobre productividad sostenible y adaptación climática equilibrada. Discutir solo el árbol —o la plantación— mientras el bosque entero se recalienta es una forma sofisticada de negación. Si queremos menos tragedias cada verano, el debate debe dejar de ser un péndulo entre pro y anti plantaciones, y convertirse de una vez en una conversación adulta sobre ordenamiento territorial y modelo de país en tiempos de crisis climática.
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