Cuenta Pública 2026: Cuando el medio ambiente es solo un "trámite por apurar"

 

Y pasó una nueva ceremonia en que el gobernante de turno informa al país sobre el estado de la nación, quizá el más republicano de los actos, solo superado por el día en que una nueva autoridad asume la conducción del país. El 1 de junio en Valparaíso cumplió con su guion esperado: discursos de orden, cifras macroeconómicas infladas de optimismo y promesas de un Estado más esbelto. Sin embargo, para quienes insistimos en mirar el país desde la salud de sus suelos, la resiliencia de sus cuencas y el futuro de sus ecosistemas, el mensaje del actual líder del Ejecutivo dejó un sabor amargo, seco y profundamente preocupante.

En las más de dos horas de alocución, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad o la protección de nuestro patrimonio natural simplemente no existieron. No hubo espacio para la conservación ni para el ordenamiento territorial. En el relato oficial, el medio ambiente entró a la cancha con un solo traje: el de un obstáculo burocrático que frena el sacrosanto crecimiento económico.

El foco ambiental de la jornada se resumió en una palabra que se ha vuelto el fetiche de la temporada: permisología. Bajo la consigna de que "crecer y cuidar no son opuestos", el Mandatario puso la mira sobre el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

La narrativa es simple y efectista: hay 389 proyectos en calificación ambiental que representan unos US$ 89.000 millones "paralizados". ¿La solución propuesta? Implementar 90 "técnicas habilitantes" para agilizar las certezas jurídicas de los inversionistas y dar luz verde a megaproyectos mineros, portuarios y energéticos.

Traducido al buen chileno: lo que el Ejecutivo llama "destrabar la economía", en la práctica arriesga convertirse en una flexibilización peligrosa de las líneas de base ambientales. Flexibilizar los procesos sin fortalecer los presupuestos ni las capacidades fiscalizadoras de organismos como la SMA o CONAF no es eficiencia; es, lisa y llanamente, desprotección institucionalizada. Es pasarle la cuenta de la urgencia económica actual al suelo y al agua del mañana.

Cuando el discurso rozó el territorio forestal, lo hizo desde la vereda de la tragedia consumada. Se celebró con bombos y platillos la inyección de $400.000 millones al Fondo de Emergencia para la reconstrucción tras los devastadores incendios de la zona centro-sur.

Por supuesto que la ayuda a los damnificados es urgente y necesaria, pero abordar los incendios forestales solo desde el cheque de la reconstrucción o la respuesta reactiva es un error de diagnóstico brutal. No se mencionó una sola palabra sobre la restauración ecológica de los ecosistemas degradados, la urgencia de una ley de incendios que regule las interfaces urbano-rurales o una política seria de sanidad forestal frente a la megasequía que sigue avanzando hacia el sur. Apagar el fuego y reconstruir la casa es vital, pero evitar que el paisaje sea un polvorín requiere una visión de Estado que hoy brilla por su ausencia.

Al final del día, el mensaje es transparente en su omisión. Mientras se festejan los proyectos en el Salar de Atacama o las megaobras portuarias como los grandes motores del país, la naturaleza queda reducida a un insumo contable o a un decorado urbano a través de planes municipales cosméticos como "Eriazo Cero".

La verdadera certeza que necesitamos los ciudadanos no es solo la jurídica para los grandes capitales; es la certeza vital de que nuestros entornos seguirán siendo habitables. Acelerar la máquina sin mirar el tablero de control ecológico es una miopía política que Chile, en su actual estado de vulnerabilidad climática, no se puede permitir. La cuenta pública pasó, pero la cuenta ambiental nos llegará a todos, y esa no se puede pagar a plazos.