El espejismo de las tierras raras: ¿Sustentabilidad o miopía territorial?

La reciente aprobación unánime del proyecto minero "Módulo Penco" por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío ha reavivado un debate técnico y ético que la institucionalidad insiste en cerrar entre cuatro paredes. Bajo la atractiva bandera de la "minería verde" y la transición hacia la electromovilidad global, se nos presenta un modelo que promete extraer tierras raras lavando arcillas con tecnología de punta y recirculación de agua. Sin embargo, tras los pulcros gráficos corporativos y las promesas de empleo, subyace una preocupante desconexión con la ciencia del suelo, la ecología real y, fundamentalmente, con la soberanía de las comunidades locales.

Por un lado, los argumentos de la empresa Aclara no carecen de audacia. En un país acostumbrado a la minería a gran escala del norte, con sus masivos relaves, tronaduras y consumo hídrico desproporcionado, un proyecto que propone minería superficial, sin explosivos, con un 95% de recirculación de agua y un plan de cierre secuencial que promete transformar monocultivos forestales en bosques nativos, suena casi idílico. Desde la vereda del desarrollo económico, la inyección de US$130 millones y la creación de empleos estacionales se transforman en cifras irresistibles para un centralismo que suele medir el progreso en planillas de Excel.

Sin embargo, el diablo está en los detalles edáficos y ecológicos. El suelo no es un mero sustrato inerte que se pueda remover, someter a un lavado químico con sulfato de amonio y devolver al cerro como quien reordena piezas de un rompecabezas. La remoción de los horizontes superficiales destruye la física, la química y la intrincada biología que tomó milenios construir. Alterar la dinámica microbiológica y el balance de nutrientes mediante fertilizantes nitrogenados a escala industrial genera un suelo modificado, cuya capacidad real para sostener a futuro un bosque nativo funcional es, desde la perspectiva científica, un experimento de altísimo riesgo.

A esto se suma la alarmante simplificación del concepto de biodiversidad. Argumentar que se respetarán ciertos ejemplares de especies en peligro crítico, como el Queule o el Pitao, es ignorar los principios más básicos de la ecología de la conservación. Los ecosistemas no son árboles aislados en un jardín botánico; dependen de la continuidad de sus quebradas, de la microfauna, del régimen hídrico de la cuenca y de la conectividad biológica. Fragmentar el hábitat circundante, aunque el árbol quede en pie, es decretar su aislamiento y alimentar una lenta deuda de extinción.

Finalmente, la sorprendente unanimidad con la que se bendijo el proyecto expone la mayor fractura de nuestra institucionalidad ambiental: su diseño estructural. La mesa que define el futuro de la comuna está compuesta por 12 integrantes, de los cuales 11 son el Delegado Presidencial y secretarios regionales ministeriales (Seremis) nombrados a dedo por el gobierno de turno en Santiago. Al ser cargos de exclusiva confianza política, la votación deja de ser un veredicto estrictamente técnico para transformarse en una decisión política alineada con las metas macroeconómicas del nivel central. Urge una reforma que separare al menos en parte decisiones de tipo ambiental de los ciclos políticos, quizá al estilo de la gobernanza del Banco Central, pero ajustado a 6 años, donde el 4 cargos sean nombrados por una comisión de expertos y 2 por el gobierno de turno.

Cuando la arquitectura del Estado permite que una comisión política ignore el rechazo explícito de la comunidad y del municipio de Penco, queda en evidencia que este sistema no está diseñado para proteger los territorios, tampoco para buscar el justo equilibrio entre desarrollo y protección del medio ambiente. Más bien, todo termina dependiendo de la inclinación del gobierno de turno: si el día de mañana asume una administración con un sello más "verde", seguramente proyectos como este no verían la luz. Al final, la viabilidad de un ecosistema queda sujeta a una simple cuestión de sesgos o ideologías, como les ha dado en llamar hoy en día a las formas de pensar del adversario político. Una resolución unánime tomada bajo estas lógicas de trinchera rara vez va de la mano con los intereses reales, la identidad histórica y la calidad de vida de las personas que habitan la zona afectada.

La electromovilidad y la crisis climática exigen soluciones, es cierto. Pero sanar el planeta en el hemisferio norte sacrificando los últimos reductos del bosque nativo caducifolio en el Biobío no es desarrollo sustentable; es, simplemente, una nueva forma de colonialismo ambiental revestido de tecnología verde. Al final del día, el conflicto de Penco y Lirquén es solo el síntoma de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental enfermo en su origen: un engranaje que se viste de ciencia para la foto, pero que en la hora de la verdad opera como un buzón político. Mientras nuestra institucionalidad no se independice de los ciclos de cuatro años y no respete la ecología de las regiones, seguiremos atrapados en fallos unánimes que solo sepultan el territorio y alimentan la desconfianza ciudadana.